El Tratado de Ottawa y su endeble prohibición de las minas antipersonales

El pasado 4 abril de abril se celebró el Día Internacional para la sensibilización contra las minas antipersonal. A día de hoy, se ha confirmado el uso de minas antipersonal por parte de grupos armados no estatales en seis países: Afganistán, Colombia, India, Myanmar, Pakistán y Yemen. El número de países productores suman doce, entre los que destacan Estados Unidos, China, Rusia, Israel y Pakistán.

Las minas antipersonales están prohibidas internacionalmente desde el año 1997 gracias al Tratado de Ottawa. Un tratado que en el 2011 forman parte 156 países en contra de 39 que no lo son, entre ellos, los principales productores de minas. En las negociaciones gubernamentales relacionadas con el Tratado de Ottawa estuvieron presentes el CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) y las ONG de la ICBL (International Campaign to Ban Landmines, constituida en 1992). ¿Tiene cabida hoy día un tratado elaborado hace más de catorce años para la erradicación del uso de minas? 

La pregunta no puede responderse sin saber antes qué puntos flaquean del Tratado de Otawa. Por primera vez, un instrumento legal prohíbe completamente un tipo de armas y garantiza la destrucción de las almacenadas. Asimismo, ofrece unos mecanismos de control del cumplimiento del tratado, como medidas facilitación y clarificación de procedimientos para su desempeño. Compromete una asistencia al desminado y a las víctimas. A su vez, la firma de la Convención no permite ninguna reserva, es decir, todos los Estados firmantes deben acogerse en su totalidad. Sin embargo, el mismo Tratado presenta varias lagunas. No prohíbe las minas contracarro, aunque sus efectos sean muy similares a las antipersonal. El Tratado enfatiza la transparencia y la construcción de relaciones de confianza entre los Estados Parte, pero no crea mecanismos que permitan a los Estados realizar misiones de verificación para comprobar el cumplimiento de las obligaciones del acuerdo. Además, el Tratado margina por completo la cuestión de cómo puede cumplir con sus obligaciones un Estado Parte cuándo es víctima de un conflicto interno en partes del territorio que no controla. Tres cuestiones que no han sido reparadas tras catorce años de Tratado y que han perjudicado considerablemente en el esfuerzo por alcanzar sus objetivos.

En el año 2011, el 80 % de las naciones del mundo se han sumado al Tratado, pero ningún estado se ha unido desde el 2007. Según el informe de The Monitor del año 2010-2011, sobre el uso de minas antipersonales, no ha habido necesidad de que los Estados Parte del Tratado sean invocados de las disposiciones del propio Tratado para aclarar su cumplimiento. No obstante, Turquía, Estado miembro desde el año 2003, está siendo objeto de una investigación judicial porque sus fuerzas armadas usaron minas antipersonal en el año 2009. La debilidad del Tratado también queda reflejada en el hecho que menos del 40 % de los estados han promulgado leyes nacionales para aplicar el Tratado desde su firma.

La comunidad internacional debe hacer frente a dos grandes retos: universalizar la prohibición de las minas e incrementar los esfuerzos para combatir la contaminación causada por esta arma, incluso desde la identificación, señalización y limpieza de los campos minados hasta la sensibilización sobre el peligro de las minas. No obstante, resulta difícil preguntarse cuál será el valor de un acuerdo de prohibición total si los países clave en la producción y uso siguen sin firmarlo. 

Afganistán y las minas antipersonal, más que una aniquilación humana

Afganistán es uno de los países con mayor número de minas antipersonal del mundo. Desde la llegada de las fuerzas soviéticas en 1979, se han implantado sistemáticamente en todo el territorio. Tras el derrocamiento del régimen talibán a partir de la intervención estadounidense en el país y su asociación con la Alianza del Norte, Afganistán se encuentra en un contexto político confuso, complejo e inseguro. El principal motivo de esta falta de seguridad se encuentra en el hecho que Afganistán haya sufrido durante más de dos décadas una guerra.  A día de hoy, puede justificarse el uso de minas por parte de los talibanes para forzar bajas en los miembros de  la OTAN. En Afganistán, según el Programa de Acción de Minas en Afganistán (MAPA), se estima que aproximadamente el 15 % de la población, es decir, aproximadamente cuatro millones de personas,  vive en una de las dos mil comunidades en las que se encuentran minas. Un área aproximada de 700 millones de metros cuadrados.

El uso de minas antipersonal añade otro basto problema para el desarrollo del país durante y después de la guerra: no sólo una crisis humanitaria sino un gran obstáculo para el progreso social y económico del país. De acuerdo con la experiencia sobre el terreno de la Organización Mundial de la Salud, la UNICEF y la Cruz Roja América, se calcula que el coste de rehabilitación completa de una víctima de mina es de unos 9.000 dólares. Esta cifra incluye los diferentes tipos de asistencia que requiere una víctima, que son diversos y muy complejos: primeros auxilios, cirugía y cuidados posoperativos, prótesis, muletas y sillas de ruedas, rehabilitación física, asistencia a otros daños como ceguera y sordera, apoyo psicológico para combatir el estigma social de ser un discapacitado y la formación en un oficio para reintegrar a la víctima en la economía productiva. Pero el gasto para el desarrollo del país es aún mayor.  Durante un conflicto, las minas se colocan en infraestructuras estratégicas para el desarrollo económico y social de un país, como carreteras y puentes, plantas eléctricas, fábricas, centros de abastecimiento de agua o campos de cultivo.

Cuando terminan los enfrentamientos, la presencia de minas dificulta el acceso a dichas infraestructuras para repararlas o mantenerlas en funcionamiento. Como consecuencia, el abastecimiento de electricidad y especialmente el de agua son irregulares, se paraliza el funcionamiento de las fábricas y la producción agrícola, necesarias para satisfacer las necesidades de la población, el transporte de bienes y alimentos se ve obstaculizado, se produce un aumento del desempleo y un incremento de los precios debido a la escasez de productos. En una sociedad como Afganistán, donde la mayor parte de la población (el 90 %) trabaja en este sector, los agricultores ya no se atreven a adentrarse en las zonas de cultivo, acarreando así una desdeñable situación económica.

El uso de minas antipersonal en un conflicto, supone siempre hacer pagar a la población, por lo menos, dos veces el precio de la guerra. En Afganistán, se está haciendo frente a una múltiple devastación dada su situación de conflicto permanente, agravando su  dependencia a la ayuda humanitaria y financiera internacionales. Ayuda que puede prolongarse durante décadas.

Las minas antipersonal en Libia como seguro de guerra

Human Rights Watch ha confirmado que las fuerzas de Muammar Gaddafi han establecido minas antipersonal y anti-vehículo en el actual conflicto con la alianza Internacional. Las minas fueron descubiertas el 28 de marzo, dos días después que las fuerzas del coronel Gaddafi se retirasen de la zona,  cuando un camión explotó al pasar por encima de dos minas antipersonal que detonaron en las afueras de  Ajdabiya. El número de minas antipersonales y anti-vehículo encontradas son alrededor de 50.

Las minas antipersonales están prohibidas internacionalmente desde el año 1997 mediante un acuerdo, el Tratado de Ottawa. Está firmado por 133 países y 39 están fuera del tratado. Precisamente, Libia y Estados Unidos son algunos de los países que no forman parte del tratado, como también lo son China, India y Rusia. ¿Quiénes son los principales vendedores y exportadores de minas antipersonal hoy día? De forma reiterada nos encontramos a Estados Unidos, India, Rusia y China. También forma parte de la lista de vendedores Corea del Norte, Corea del Sur, Cuba, Egipto, Irán, Irak, Birmania, Nepal, Pakistán, Singapur y Vietnam.

Las principales explicaciones para el uso de las bombas antipersonales se hallan en el bajo coste y la eficacia a corto y largo plazo. El precio es variable y oscila entre 1,50 euros las más baratas y 180 euros las más caras. Son fáciles de colocar y atomizan a los soldados del ejército enemigo y a civiles. Si no son erradicadas al completo, pueden estar activas durante más de cincuenta años.

Las minas antipersonales aseguran un conflicto a largo plazo y silencioso. La guerra del Vietnam (1964-1975) fue una guerra de guerrillas entre Vietnam del Sur y Vietnam del Norte, no a campo abierto como fueron las guerras mundiales. El papel de Estados Unidos se fue complicando en Vietnam y justificaron el uso de minas antipersonal para sitiar a los poblados del Vietcong y para proteger las posiciones estadounidenses. La confrontación se hallaba entre un ejército pequeño en relación a un gigante armamentístico, como lo era Estados Unidos. Ahora, en Libia, el ejército de Gaddafi se enfrenta a una oposición internacional. Es un David contra un Goliat. Parece probable que el uso de minas antipersonal en Libia sea justificado como estrategia para intentar ganar una guerra a largo plazo. Cuando las fuerzas internacionales dejen de intervenir, quedará un arma de guerra invisible, eficaz y duradera para acabar con la población civil. La guerra en Libia no sólo se está batiendo entre las fuerzas de Gaddafi y la coalición Internacional, sino que también la está lidiando contra su población. Esta guerra interna será la más hermética, larga y dura de afrontar.